Intervención del senador Jorge Enrique Robledo en el debate al ministro de Ambiente sobre políticas del agua, Comisión Quinta del Senado, 20 de mayo de 2008.

¿Hay una agenda oculta en Carimagua? Hambre en la caficultura colombiana. Si el Estado subsidia los agrocombustibles, que subsidie también el resto de productos agrícolas. El ministro de Agricultura sigue obcecado en arruinar a los cruderos. Se viene un problema de desabastecimiento de agua. La privatización no ha funcionado. Monopolios particulares, orden del FMI. Alzas reales hasta de 226% en las tarifas.

La política consiste en desmontar los subsidios y elevar las tarifas. Cobertura del servicio y ganancias extranjeras. En las cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, la cobertura real del agua es de 30,5%. Por recorte de transferencias, se pierden 20,6 billones. Los Planes Departamentales del Agua en beneficio del monopolio. Plan contra La Guajira

Antes del entrar en el tema

Hace un par de días, el ministro de Agricultura anunció que ya no iba el anterior proyecto de Carimagua, sino uno nuevo. Al respecto, el doctor Rudolf Hommes, que no es del Polo y ni siquiera del Partido Liberal, sino que ha sido muy afecto al gobierno, escribió ayer en el periódico Portafolio, comentando el nuevo negocio de Carimagua: “Al parecer, las tierras de Carimagua no son tan malas como dijo hace un tiempo el ministro de Agricultura y los empresarios interesados siguen detrás de la misma presa (…) El primer paso será vigilar que detrás del cambio de opinión no haya una agenda oculta y que la tierra de Carimagua, que aparentemente ya no es ácida, ni improductiva, quede prioritaria y mayoritariamente en manos de pequeños campesinos y no de empresarios que se querían quedar con ella cuando la iban a dar por nada”.

Expliquemos un poco. Recordarán ustedes que uno de los aspectos controvertidos en este debate era que allí solo se podía cultivar palma, caucho y forestales. Ahora el ministro asegura que también puede haber otros productos: ganadería, cerdos, aves, caucho, palma, forestales, frutales, pastos, marañón, cítricos, mango, soya, maíz y arroz. Es bueno que el ministro reconozca que fueron falsas sus afirmaciones sobre la imposibilidad de trabajar esas tierras, así sea tarde y aun cuando no lo haga expresamente. También afirmó que solo cabían 80 familias campesinas. Ahora ya le caben 500, bueno, vamos progresando. Pero la preocupación sigue teniendo que ver con que el ministro dice que esos campesinos tendrán que estar allí asociados con algún inversionista nacional o extranjero. Habrá que analizarlo con detenimiento y esperamos que esté presente la Procuraduría, para ver cómo es que una tierra destinada específicamente a los desplazados tiene que enriquecer a un poderoso magnate nacional o extranjero. Que no resulte que el gran salto que quiera dar ahora el gobierno sea convertir a los jornaleros o peones del primer proyecto de Carimagua en siervos o aparceros obligados a rendir algún tipo de tributo a un inversionista. Es bueno que el país continúe pendiente de la evolución de esta historia. Y aprovecho para hacer ver cómo el ministro de Agricultura sigue sin rendir las excusar que debiera rendir cuando afirmó que en esas tierras no podía haber producción campesina.

Lo segundo es que alguien le debería contar al ministro de Agricultura, ya está en los medios de comunicación y yo se lo he planteado varias veces, que se están muriendo de hambre los cafeteros colombianos. Vean aquí la información reciente de Caracol: los cafeteros están teniendo que vender la arroba de café a 43 mil pesos y les vale a 48 mil pesos producirla, por causa de la reevaluación y de las pésimas políticas agrarias de este gobierno. Habrá que insistirle también en que sigue siendo carísima la comida en Colombia y que no está tomando ninguna medida que apunte a resolver el problema. Está carísimo el maíz, el arroz, el trigo, la papa y se están encareciendo el pollo y la carne de cerdo y el ministro no hace nada. Terminó convertido en algo parecido al “ministro de los agrocombustibles”, porque solo habla de eso. No me opongo a que ese tema se trate, pero debiera también pensar en la comida de los colombianos y ojalá el gobierno les concediera al resto de los agricultores una fracción siquiera de las gabelas y ventajas que les ofrece a los de los agrocombustibles. Ojalá hubiera una concepción democrática, y cada centavo que el Estado les regala a los de los agrocombustibles se los regalara también a los del maíz, a los de la papa y a otros tantos colombianos que debieran disfrutar de los mismos derechos.

Y senador Manzur, a pesar del debate en el que le probamos al ministro que era un disparate insistir en prohibir el comercio de leche cruda porque la medida va a llevar a la ruina a miles y miles de colombianos, sigue para adelante con la medida, como si nada, y me imagino que estará preparando a la policía para que a partir del mes de agosto arranque a perseguir a los pequeños y medianos comerciantes y a los pequeños y medianos ganaderos que están cometiendo el crimen de ganarse la vida honradamente en un país que no les ofrece garantías suficientes para hacerlo de otra manera. Dejo el punto como constancia.

Se viene un problema de desabastecimiento

Entremos ya al debate. Tal y como está planteado, tiene que ver con el agua como fuente de la vida y como una necesidad vital de los seres humanos. Examinaremos también los problemas de abastecimiento, la situación de los acueductos y toda la política de privatización de las aguas y de las empresas. Al final voy a pedir, señor presidente, que le demos la palabra al doctor Rafael Colmenares, director de Ecofondo, una de las principales asociaciones preocupadas por el medio ambiente. Junto con otras entidades, Ecofondo está promoviendo un referendo que busca declarar el agua como un derecho fundamental en la Constitución, una reforma constitucional que apunta a que haya derecho a un consumo mínimo vital que no pueda desaparecer bajo ninguna consideración por pobre que sea el colombiano y también a que no pueda haber ganancia, sino que todo lo del agua se trate como un bien público atendido por el Estado como una obligación, directamente o por conducto de organizaciones sin ánimo de lucro. Supongo que ya más de un dirigente de la economía estatal estará al borde del infarto al oír cosas como estas, porque yo sé que en la lógica del neoliberalismo declarar el agua como un bien público es como sacarle al Diablo una hostia, y mucho más hablar de dar gratis a los pobres un mínimo vital.

En el mundo hay problemas por escasez de agua. Alguna gente está hablando incluso de guerras por escasez de agua, dada la destrucción medioambiental, el calentamiento de la Tierra, etc. Afortunadamente, por nuestro régimen de lluvias, Colombia es uno de los países mejor dotados en el mundo. El agua con que contamos supera en seis veces el promedio mundial y en cuatro veces el promedio latinoamericano, hecho que nos tiene que alegrar mucho. Pero surgen dos elementos que no debemos perder de vista. Primero, buena parte de esa agua no está localizada en los mismos sitios donde reside la población. Se presenta un cierto desfase entre la necesidad del líquido y el lugar donde se encuentra. Y segundo, más grave aún, y es por eso que quiero resaltarlo, todos sabemos que viene habiendo un proceso supremamente grave de deterioro de los acuíferos nacionales, acompañado de un crecimiento de la población y de una enorme contaminación de las fuentes de agua. Podemos terminar entonces sufriendo problemas tan graves como los de países que carecen de agua. Ya hoy en día, en los años secos, cerca de 18 millones de colombianos empiezan a padecer problemas de agua, y estoy hablando del simple abastecimiento, porque más tarde haré referencia a la calidad. Y dice el IDEAM, que sabe bastante de estos asuntos, que entre 2015 y 2025 podrá haber problemas muy graves de escasez. Al final voy a mencionar que no se está haciendo nada que valga la pena para impedir esa amenaza.

Digamos también que en estos líos los que más sufren son los pobres, o porque no tienen agua, o porque les llega contaminada, o porque las lluvias no se nos vuelven reservas de agua, con los acuíferos tan deteriorados, sino avalanchas, inundaciones, derrumbes, todo tipo de dramas que también afectan más a los pobres que a los demás colombianos.

El agua no puede producirse, estrictamente hablando. Lo máximo que puede hacerse es cuidar los reservorios que naturalmente ofrece la naturaleza o producir unos nuevos. Uno podría desalinizar agua, porque el grueso es salada y el agua dulce es apenas el 2% del total, incluida la de los polos, es decir, la disponible es apenas el 1%. Lo que pasa es que el agua sí se desaliniza, pero a unos precios prohibitivos. La clave es entonces que la naturaleza funcione bien, que opere el llamado ciclo del agua –cae y se evapora y vuelve a caer–, de tal modo que la naturaleza, en la medida en que no haya sido destruida, pueda ir soltando paulatinamente el agua lluvia para que llegue a donde tenga que llegar. En esto ha habido una destrucción supremamente grande y voy a insistir en que recuperar las pérdidas resulta hoy supremamente costoso. Deforestar es relativamente fácil. Reforestar o cuidar, tremendamente difícil.

No menos cara resulta la distribución de las aguas, porque hay que construir embalses, canales, túneles, acueductos. Y evacuarla, sea servida o sea purificada, ni se diga, por los enormes costos de los alcantarillados y las plantas de tratamiento. Quiero llamar la atención sobre un punto en especial. El agua está ahí y nos la ofrece la naturaleza. En la medida en que la tratemos bien es relativamente fácil de manejar, pero si la seguimos maltratando, se nos empiezan a crear unos problemas financieros de proporciones incalculables. Insisto, es relativamente barato dañar los acuíferos y costosísimo reconstruirlos. Tan es así, que ningún privado se pone a hacerlo, porque el costo-beneficio no le da. Prefiere recargarle al Estado toda la responsabilidad. Y distribuirla, purificarla y sanearla también es bastante costoso, y aquí surge otro lío: si se tratara de whisky, no sería tan grave, porque solamente lo toman los ricos y no importa a qué precio. Pero como el agua es una necesidad vital, hay que dársela a los pobres e incluso a los paupérrimos, y aparece entonces una contradicción profunda entre los costos y la capacidad de pago de la gente.

La privatización no ha funcionado

Y tan cierta es la anterior premisa, que voy a mencionar un aspecto bien clave. El llamado negocio del agua, o sea, la privatización, se tropieza con un inmenso escollo: que el negocio no funciona solo. Es absolutamente imposible que haya negocio del agua sin inmensos subsidios del Estado y sin un respaldo descomunal del Estado. Las panadería, los taxis, las fábricas de empanadas, pueden funcionar solos en el capitalismo. No el negocio del agua y resulta un absurdo casi por definición proponer que se privatice y se vuelva negocio, porque se agrava la contradicción a la que acabo de hacer referencia, la que se da entre los altos costos de almacenarla, procesarla y distribuirla y la capacidad de pago de la gente. Miren ustedes una cifra que me parece impresionante. Según analistas del Banco Mundial, para ganar un dólar en telecomunicaciones hay que invertir tres. Para ganar un dólar en acueductos y alcantarillados hay que invertir doce (Klas Ringstkok, consejero del BM, Summa, Oct. 1996, The Economist). Imagínense entonces la dificultad de un inversionista en telecomunicaciones para alcanzar la misma tasa de ganancia en alcantarillados y acueductos. Los tiempos de trabajo son muy largos, el tiempo requerido para recuperar la inversión es también prolongado, las inversiones son inmensas. El caso de Bogotá, por ejemplo, es casi increíble, para no hablar del caso mexicano. La capital de la República está trayendo agua de la vertiente del Orinoco y los usuarios son pobres y paupérrimos, luego es un asunto que sin subsidios no opera. Sin subsidios la gente se queda sin agua, y se acabó el cuento.

Miren lo que dicen al respecto dos analistas, funcionarios del establecimiento, no la oposición, los señores Lobina y Hall: “El problema fundamental que enfrentan los operadores privados internacionales es que los pobres no son rentables, porque no tienen la capacidad de pagar por conexión ni van a consumir la cantidad de agua necesaria para cubrir los costos de provisión del servicio”. Insisto en que analicen la contradicción. Vale lo mismo, en términos generales, instalarle el agua a un pobre o a un rico y, sin embargo, el uno solo consume una fracción de lo que gasta el otro, luego el negocio empieza a deteriorarse. Lo mismo afirma J. F. Talbot, director Ejecutivo de Saur, la cuarta mayor compañía privada de agua en el mundo. En una presentación ante el Banco Mundial, Talbot le pide al directorio no hacerles a los grandes consorcios “demandas carentes de realismo” ni pedirles “conexiones para todos”. Agrega el dueño de la trasnacional que “la escala de lo que se necesita rebasa con mucho la capacidad financiera y de riesgo del sector privado”. En dos palabras, pedirle al sector privado que le ponga conexiones a todo el mundo es como sacarle al Diablo una hostia, porque el negocio así no puede funcionar. Agrega la información que Talbot “rechazó la posibilidad de recuperar la totalidad de los costos pues la idea de que ‘el agua paga el agua’ (…) ya no es realista en los países en desarrollo. Hasta Europa y los Estados Unidos subsidian los servicios públicos. Los usuarios no pueden pagar el volumen de inversión requerido ni las obras sociales correspondientes”. Los gobiernos de Europa y Estados Unidos subsidian los servicios, y eso que allá el ingreso per cápita es de 40 mil dólares. ¡Cómo será aquí que estamos apenas en dos o tres mil dólares!

El propio Ministerio de Ambiente se ha visto precisado a reconocer que por debajo de los 2.500 usuarios por acueducto es prácticamente imposible operar de esta manera. Tenemos aquí entonces una privatización que es especial. Aquí no se privatizan los activos. Nadie los compraría, primero, porque en el caso de los alcantarillados, ni siquiera se sabe qué es lo que hay, y segundo, porque las inversiones serían tan cuantiosas que las tarifas tendrían que elevarse, hasta llegar a ser tan altas que imposibilitarían el negocio. Por eso la privatización en el agua asume la forma del operador. El Estado sigue manteniendo la red, financia todo el tendido y corre con los riesgos. ¿Ustedes se imaginan la destrucción del alcantarillado bogotano si ocurre un terremoto como el de China? ¿Cuánto costaría reponer las redes y cuál es el inversionista privado que va a correr con este riesgo? Por supuesto que ninguno. La privatización funciona sobre la base de que los grandes monopolios particulares se quedan con el lomo y la sociedad, con el hueso. Es una formula absolutamente inaceptable.

Son muchas las privatizaciones que han fracasado. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo ponen de manifiesto que las seis principales hechas en Argentina se vinieron por tierra, no solo porque no lograron mantener la dolarización de las tarifas, sino también porque la gente se rebeló. Que no resulte que mañana se nos venga en Colombia una devaluación del 30%, porque ahí vamos a ver qué va pasar con todos estos análisis de tarifas y de rentabilidad de los operadores privados. Probablemente reversen ese día la privatización y seamos nosotros los que acabemos pagando los platos rotos. En Bolivia se echó atrás por razones distintas, porque el pueblo boliviano con toda razón se rebeló antes que llegara una trasnacional a quitarles el agua y el derecho tomar agua.

Monopolios particulares, orden del FMI

¿Por qué entonces el despropósito consistente en volver el agua un negocio? Muy simple. Porque así lo ordena el Fondo Monetario Internacional. Siempre terminamos en el mismo sitio. No voy a leer la cita, porque lo he hecho aquí varias veces. La privatización es parte del Plan Colombia, de los acuerdos de “stand by” de este y de los anteriores gobiernos con las agencias internacionales de crédito, agencias que tienen propietarios, dueños. Esto aquí nos lo disfrazan con alegatos técnicos y se nos habla de eficiencia y de competitividad. Paja. Todo son frases huecas para ocultar que hay unos poderosísimos personajes que se enchapan en oro con la tragedia del prójimo y que privatizan hasta lo que resulta ser absurdo privatizar, como el agua. ¡Que tal! ¿Vamos a cuidar el agua, señor ministro del Ambiente de Colombia, sobre la base de que sean los mismos propietarios de las tierras los que no las usen para que se sostengan los acuíferos? ¿A alguien se le puede ocurrir una bobería de ese tamaño? Por supuesto que a nadie. Esa es entonces la contradicción de la que hay que hablar. En el caso de Colombia, digamos que la Constitución del 91, con tantos aspectos defensables, es al mismo tiempo la Constitución del neoliberalismo, y particularmente, la Constitución de la privatización. Eso hay que decirlo con toda franqueza. La Constitución convirtió en vulgar negocio los derechos del agua, la energía eléctrica, el alcantarillado, la educación y la salud, entregándolos a unos cuantos avivatos que aparecen diciendo que la sociedad no puede funcionar si no les pagamos a ellos un determinado peaje. Un negocio contra toda evidencia y que funciona no con una racionalidad que pueda generar algún grado de coincidencia entre las necesidades del negocio y las necesidades de la sociedad, sino que funciona contra la sociedad, como lo voy explicar a lo largo de la charla.

Nos dijeron que el monopolio estatal era muy malo. ¿Y qué lo reemplazó? El monopolio privado. Y todos sabemos que el monopolio privado es bastante más indeseable que el monopolio público. Incrementos escandalosos en las tarifas, esa es la eficiencia del operador, pero en qué queda la eficiencia si millares de compatriotas se quedan sin poder pagarlas. Además, problemas graves de cubrimiento, problemas graves de calidad, porque todo son costos y la contradicción de la que hemos venido hablando se vuelve a atravesar. Al final veremos cómo el gobierno está montando monopolios regionales.

Y hay que echar a los trabajadores de las empresas y destruirles los sindicatos y ponerles los salarios al mínimo. Ojalá aquí la delincuencia se persiguiera con la misma fuerza con la que se persigue a los trabajadores, para quienes construir un sindicato o pedir algún tipo de reivindicaciones salariales se ha convertido en sinónimo de actividad criminal. Esa la realidad, la triste realidad. ¡Sin mano de obra barata no habrá neoliberalismo que valga. ¡Lo que vemos es un régimen cada vez más plutocrático, unos monopolios cada vez más poderosos y un sistema infernal para acabar de empobrecer a los pobres de Colombia!

¿Ustedes se imaginan a estos funcionarios públicos nuestros, por encopetados que sean, desafiando los puntos de vista de las trasnacionales más poderosas del mundo? Pelea de toche con guayaba madura. No quiero ni imaginarme cómo serán esas conversaciones en privado, senado Serrano. Imagínese usted cuando entran en desacuerdo algún tecnócrata colombiano, de un sueldito por ahí de seis u ocho millones de pesos, con el dueño de un negocio que captura a millones de usuarios, ¿qué punto de vista será el que prevalece? Y eso suponiendo que sean funcionarios íntegros, todavía no adocenados al servicio de las trasnacionales. Y como si fuera poco, la plata que se ganan los monopolios extranjeros no la reinvierten aquí, sino que la despachan para afuera, y este es otro problema grave, porque si el país no reinvierte internamente el fruto de su esfuerzo y su sudor, sino que va a parar al exterior, crece con menos rapidez de la que necesitamos. Luego fíjense ustedes que este asunto de las privatizaciones es tremendamente complicado.

Por la contradicción que estoy planteando se explica por qué apenas van 128 municipios con operadores privados, seis de ellos extranjeros, que operan en 21 municipios. ¿De qué tamaño? No me dieron los datos, pero estoy seguro de que son los principales, porque se trata, como en los bancos, de descremar el negocio. Otros, dice el Ministerio, son “operados por pequeños y medianos grupos nacionales”, 24 de los cuales se están consolidando, pujando a ver cómo se vuelven grandecitos. Cuando estos pequeños grupos nacionales se vuelvan grandes dentro de unos diez años y adquieran la escala del monopolio, ese mismo día los comprarán las trasnacionales. Todo el negocio se termina montando para que las orientaciones del FMI se cumplan de manera satisfactoria.

Alzas reales hasta de 226% en las tarifas

Analicemos ahora cómo es lo del alza en las tarifas, probablemente el tema que más les interese a los ciudadanos. La Contraloría General de la República muestra incrementos entre el 38 y el 226%, reales, entre 1995 y 2000, descontada la inflación, o sea, el ciudadano comiendo menos, vistiéndose menos, curándose menos para poder pagar las tarifas. La misma fuente, 2002-2005: incrementos hasta de 36%, reales. El Ministerio me dio unas tablas bien grandes. Voy a leer algunas para poner como ejemplo. La fuente es el mismo Ministerio del Medio Ambiente.

Entre 1995 y 2007, acueducto consumo básico:

Bogotá, todos los estratos, ciento por ciento.
Medellín: Estrato Uno, 2.171%; Estrato Dos, 835%; Estrato Tres, 221%.
Barranquilla: Estrato Uno, 391%; Estrato Dos, 379%; Estrato Tres, 425%, reales.
Bucaramanga: Estrato Uno, 1.218%; Estrato Dos, 821%; Tres, 527%, Cuatro, 340%.

Alcantarillados consumo básico:

Bogotá: Estrato Uno, 614%; Estrato Dos, 535%; Estrato Tres, 525%, Cuatro, 296, reales.
Medellín: Estrato Uno, 2.870%; Estrato Dos, 1.697%; Estrato Tres, 810%; Cuatro, 418%.
Barranquilla: Estrato Uno, 353%; Estrato Dos, 356%; Tres, 384%.
Bucaramanga: Estrato Uno, 1.289%; Dos, 961%; Estrato Tres, 620%.
Cartagena: Estrato Uno, 410; Dos, 379%; Estrato Tres, 370%.

¿Y esta es la eficiencia de la privatización? ¿Que la gente tenga que dejar de comer y de vestirse y de curarse y descansar por pagar las tarifas de servicios? ¿Es a eso a lo que ustedes llaman eficiencia, les pregunto a los tecnócratas que tanto alardean con la palabreja? Seguramente ahora me van a replicar: no, senador, es que el servicio más caro es el que no se presta. No, señores, me anticipo yo. Aquí estamos hablando es de que el Estado tiene obligación de prestar el servicio, porque digamos esto: aquí lo que hay es un desmonte de los subsidios que corre parejo con la disminución de los impuestos a monopolios y trasnacionales, y por eso es que no hay plata con qué pagarlos. Lo que está sucediendo en Colombia es que a quienes deben pagar impuestos no se los cobran como se los debieran cobrar, y como aparece un déficit, clávense a los de estratos 1, 2 y 3, es la orden, y de paso tírenles un carné del Sisben y métanlos en Familias en Acción para que algún politiquero los ponga a votar por el gobierno del doctor Uribe o del doctor Pastrana o de otro doctor. Ese es el punto. La Ley 142 dice de entrada que el Estado “podrá” subsidiar los servicios públicos. Pero “podrá” quiere decir también que “no podrá”, si se le antoja.

Mirando las cifras queda en evidencia que la política consiste en desmontar los subsidios, desmontar los subsidios y desmontar los subsidios y, paralelamente, subir tarifas, subir tarifas y subir tarifas, para que los pobres de Colombia, a quienes además les han subido el IVA en proporciones escandalosas, paguen para que algunos señoritos de unas cuantas trasnacionales y empresas nacionales se enchapen en oro con la desgracia del prójimo. Por ejemplo, entre 2001 y 2005, durante este gobierno, los subsidios bajaron de $800.000 a $500.000 millones. Y miren este dato que me calculó el doctor Aurelio Suárez y que comprueba lo que he venido afirmando: que están subiendo las tarifas contra la comida de la gente. No son cuentos. Entre 1993 y 2007, en el caso del consumo básico, que es hasta 20 metros cúbicos, la participación de ese gasto en el estrato 3 subió de 2,21 a 9% del ingreso. El solo acueducto, que antes representaba el 2,21% del ingreso en promedio de este estrato, ahora le representa el 9%. En el consumo complementario de más de 20 metros cúbicos, sube de 4,26 a 9,70%. Estadísticamente se puede entonces demostrar que la gente está teniendo que comer menos para pagar las alzas de tarifas. Se ha agigantado un fenómeno antes existente y es el número de los cortados. Parte del lío es que conseguir cifras resulta complicado. A buena parte de las preguntas que le hice al Ministerio, o a algunas, por lo menos, me respondieron los funcionarios encargados indicándome que se las preguntara a otro. Uno no entiende cómo el gobierno centraliza un sinnúmero de informaciones, menos estas que miden la desgracia de la gente, particularmente frente a las empresas de servicios públicos. Debiera haber una norma, senadores, que dijera que las preguntas que uno le hace a un Ministerio sean respondidas por ese Ministerio, así se las tenga que preguntar a los demás Ministerios. Porque aquí se le vuelve a uno un lío en los cuestionarios saber a quién diablos le hace la pregunta para poderle pegarle al que sabe la información que uno está pidiendo. Lo menos sería que la norma estableciera que si yo le pregunto al ministro de Ambiente, el verá dónde consigue la información, pero que me la entregue. No nos carguen a los senadores más líos de los que ya tenemos que atender.

Como no pueden pagar, entonces les cortan el servicio. Pero estamos hablando de un servicio imprescindible para la vida, tema sobre el que los ambientalistas y el propio Ministerio sacan pecho todo el tiempo: que el agua es imprescindible para la vida, que es la vida misma, somos agua, un montón de cosas, pero resulta que a los pobres les cortan el servicio y los dejan sin el derecho a la propia vida.

Cobertura del servicio e inversión extranjera

Nos dijeron también que esto de la privatización era para resolver del todo el problema de la calidad y el cubrimiento. Voy a darles solo dos cifras. La Contraloría General de la Nación hace un análisis interesante. Una cosa es que haya acueducto y otra distinta que haya agua, afirma, y que el hecho de que haya agua